¿La escuela pública sostiene la pobreza en lugar de superarla?
La pobreza monetaria para 2024 representó el 31,8% de la población (mínimo de los últimos 13 años). Por otro lado, la pobreza extrema para ese mismo año se ubicó en el 11,7% (5,8 millones de personas). Hay que anotar que, sin transferencias institucionales (ayudas o subsidios), la pobreza monetaria habría sido mayor (DANE, 2024). Asimismo, el ICBF señala que en hogares con niños menores de 12 años se han presentado reducciones en la pobreza, aunque continúa evidenciándose como un reto significativo.
Los hijos de las familias recogidas en estos datos
son, en gran proporción, quienes asisten a la escuela pública, tanto rural como
urbana. Las preguntas que surgen, como a muchos, son: ¿existe una incidencia
directa entre el ingreso financiero de una familia y el sentido que le
encuentra el infante o el adolescente promedio a asistir a la escuela? ¿Tiene
mayores oportunidades de aprendizaje el estudiante que pertenece a una familia
con estabilidad económica que le garantiza una alimentación mínima de calidad y
recursos materiales y didácticos que apoyan a la escuela? ¿El programa de
alimentación escolar, en gran proporción, tiene un impacto directo en el
mejoramiento del interés y rendimiento académico de los estudiantes?
En lo personal, considero que los gobiernos, en sus
distintos niveles, deben generar políticas de Estado que ofrezcan
oportunidades, libertades, empoderamiento, aprendizajes y/o herramientas
integrales, donde las familias y los ciudadanos puedan convertirse en
generadores de su propia riqueza y sostenibilidad; lo cual se traduciría en una
reducción progresiva de ayudas (a veces ineficientes, clientelistas o
orientadas a mantener la permanencia del estudiante sin que prevalezca la
motivación intrínseca), como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y
múltiples subsidios. De esta manera, a la educación pública se le podrían
redireccionar mayores inversiones que apunten a una mayor calidad, y habría
presencia de estudiantes con mejor autoestima e interés, lo que haría que cobre
sentido la necesidad de asistir a un aula de clases.
Silvia Montoya, directora del Instituto de
Estadísticas de la Unesco, en entrevista con la BBC, expresa que, dentro de las
múltiples dificultades que pueden existir en los problemas de comprensión
lectora que presentan de forma dramática los discentes, la “propia situación
socioeconómica de los estudiantes”, quienes provienen de hogares con menores
ingresos o cuentan con menor apoyo familiar, constituye una incidencia
importante en su aprendizaje (Bermúdez, 2017).
Por
su parte, Hogenboom (2018), en un reportaje que cita a Sheehy-Skeffington sobre
un estudio de la psicología de la pobreza, anota que:
Si el Estado colombiano desea realmente comenzar a
transformar la sociedad como una nación cooperante, equitativa y próspera, debe
promover que a las escuelas lleguen estudiantes pertenecientes a familias
capaces de generar ingresos dignos y sin pensamientos subsidiaristas (no se
trata de que todos seamos ricos o multimillonarios). Sin embargo, es claro que
“la educación también sirve para dividir a la sociedad de muchas maneras. Los
niveles educativos más altos están vinculados a mejores ingresos, salud, bienestar
y empleo” (Hogenboom, 2018).
El educacionalismo y la política de permanencia
educativa, sin un cambio agresivo y simultáneo en el factor socioeconómico de
las familias, niegan la posibilidad de que la escuela pública se convierta
verdaderamente en una aliada de superación para los ciudadanos infantes y
adolescentes que la conforman. Esto se valida con el documento La educación
en Colombia (2016) del Ministerio de Educación Nacional, que afirma: “El
origen socioeconómico y la ubicación de un estudiante aún tienen demasiado
impacto en el acceso a la educación y en sus logros” (…) “La expectativa de
vida escolar de los estudiantes con las peores condiciones de pobreza es de
solo seis años, en comparación con 12 años de los más ricos” (MinEducación,
2016, pp. 16-17). Y, a pesar de que se señaló hace varios años, sigue vigente
según la OCDE (2024): “Colombia enfrenta significativas disparidades educativas
que dependen del estatus socioeconómico y la ubicación geográfica”.
En énfasis, si se trabaja con seriedad y compromiso desde el Estado para sacar progresivamente al 31,8% y al 11,7% de las familias de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, inculcando la oportunidad real de emprender, aprender, producir, con garantías de libertad económica y generación de ingresos propios, se tendría la posibilidad de contar con estudiantes desayunados, con mejor autoestima y con mayor disposición cognitiva y actitudinal para asumir la escuela con interés intrínseco. De esta manera, las políticas de subsidios quedarían expresamente destinadas a casos excepcionales, sin olvidar cómo se vería beneficiada la alianza familia-escuela.
Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2024). Estudios
económicos de la OCDE: Colombia 2024. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e61e16ad-es
Ministerio de Educación Nacional. (2016). La
educación en Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE). (2024). Pobreza monetaria en Colombia. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria
Bermúdez, A. (2017). Por qué tantos niños no
entienden lo que leen. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-42654382
Hogenboom, M. (2018). Cómo la pobreza afecta el cerebro y la toma de
decisiones. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-41422087
Por: Francisco Javier Jiménez Barrios
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